En
esta oportunidad se desarrollara el punto 2.2, que consiste en el sistema
interamericano de derechos humanos. De la unidad 2 llamado Sistema de
protección del programa de la materia Normativa Internacional de los Derechos
Humanos
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye el marco para la promoción y
protección de los derechos humanos, y provee un recurso a los
habitantes de América que han sufrido violación de sus derechos humanos por
parte del Estado.
Los
pilares del sistema son:
El
sistema interamericano de derechos humanos se fundamenta en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, la Carta de la OEA (1948) y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978.
Organismos de derechos
humanos de la Organización de los Estados Americanos
Las dos instituciones principales para la protección y
promoción de los derechos humanos en el hemisferio Americano son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La responsabilidad principal de la Comisión de Derechos
Humanos es recibir y supervisar peticiones que han sido hechas contra un Estado
miembro de la OEA ,
reclamando sobre un abuso contra los derechos humanos. Los derechos humanos
universalmente protegidos por la
Comisión , y por lo tanto elegibles para que su protección sea
solicitada, son aquellos que se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. Los Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están
obligados por los derechos humanos garantizados en ella, lo cual es observado
por la Comisión.
Los procedimientos de la Comisión están enumerados en sus Estatutos y
Reglamentos. En la mayor parte de las situaciones, el proceso es el mismo para
las peticiones presentadas contra los países que han firmado la Convención y aquellos
que no lo han hecho. La condición de admisibilidad, las etapas procesales, la
investigación y toma de decisiones son todas similares, si no iguales, en las
dos instancias. Una diferencia reside en el resultado de la petición: con los
países que han ratificado la Convención Americana , a la Comisión se le pide
encontrar un "acuerdo amistoso"; esto no está especificado para los
Estados que no han ratificado la
Convención.
Cualquier individuo, grupo de personas u ONG que esté
reconocida legalmente al menos en un Estado miembro de la OEA puede elevar una petición.
La petición puede ser presentada por la víctima o puede hacerlo un tercero con
o sin el conocimiento de la víctima. Los criterios que se tienen en cuenta para
que una petición sea admisible están enumerados en los Artículos 44 a 47 de la Convención Americana , así como en los Artículos
26 y 32 a
41 del Reglamento de la
Comisión. En cada situación, la petición debe incluir
información sobre el individuo o individuos que la formulan, el asunto al que
se refiere y la "postura procesal" de la denuncia.Hay dos tipos de
peticiones que pueden ser presentadas: generales o colectivas. Una petición
general es elevada cuando ha ocurrido una forma generalizada de violaciones a
los derechos humanos, es decir, que no está limitada sólo a un grupo de
personas o a un incidente aislado. Una petición colectiva es elevada cuando hay
víctimas numerosas de un incidente específico o de una práctica violatoria de
los derechos humanos. Con ambos tipos de petición, se debe reconocer a las
víctimas específicas. Todas las peticiones deben incluir el nombre, la
nacionalidad, profesión u ocupación, dirección postal y firma de la persona que
presenta la petición. Una ONG debe incluir su dirección legal y la firma del
representante legal.
Todas las peticiones presentadas tienen que incluir ciertos
hechos para ser admisibles. Las peticiones deben indicar el sitio donde la
violación ocurrió, la fecha en la cual ocurrió, los nombres de las víctimas y
los nombres de los funcionarios estatales que participaron en la violación.
Todas las piezas de información deberían ser tan específicas como sea posible,
ya que la Comisión
no tiene los recursos económicos o de personal para llevar siempre a cabo
investigaciones minuciosas sin la ayuda de los peticionarios mismos.
Especialmente crucial para una denuncia exitosa es la inclusión de información
tan detallada y rigurosa como sea posible en relación con la participación del
gobierno en las violaciones a los derechos humanos, puesto que la Comisión sólo está
autorizada para investigar reclamos hechos en contra del gobierno de un Estado
miembro de la OEA. Un
gobierno puede estar involucrado directa o indirectamente, al fallar en
prohibir, prevenir o detener abusos contra los derechos humanos por parte de
particulares. Al proveer esta información, se pueden presentar entrevistas
pertinentes y pueden ser mantenidas en forma confidencial si es necesario.
Otra información útil para incluir en una petición es la
lista de los derechos violados. Estas denuncias - que pueden estar basadas
tanto en los derechos civiles o políticos como en los sociales, económicos y
culturales -, pueden referirse a documentos sobre derechos humanos de la OEA así como a documentos
sobre derechos humanos de las Naciones Unidas o de otros organismos regionales.
También pueden hacer referencia a precedentes establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tanto la Declaración Americana como la Convención Americana estipulan las situaciones en
las cuales la suspensión de ciertos derechos podría estar justificada. Incluso
si los derechos violados que se mencionan en una denuncia pueden ser declarados
como derogables en circunstancias particulares, la petición puede ser aún
válida si el gobierno ha fallado en probar la necesidad de suspender los
derechos o si la suspensión de los derechos fue innecesariamente amplia o fue
innecesariamente discriminatoria o si la suspensión violó otros acuerdos
internacionales del Estado. De todas formas, aún con las cláusulas de la Declaración y la Convención , otros
derechos se consideran como no derogables y por lo tanto ninguna situación
constituye justificación para su suspensión. Si estos derechos son violados
siempre pueden ser objeto de demanda.
La elegibilidad de una petición depende de algunos criterios
adicionales. La Comisión
sólo aceptará peticiones en aquellos casos en los que todas las acciones
legales en el ámbito interno ya han sido emprendidas sin resultados; la
petición debe demostrar que este es el caso. Si el peticionario no puede
probarlo, se le puede pedir al gobierno del Estado demandado que lo haga. Si el
Estado puede hacer ver que aún están disponibles para el demandante algunas
oportunidades legales en el ámbito nacional, entonces el demandante debe
demostrar que alguna de las siguientes cuatro condiciones es pertinente: el acceso
a esos recursos legales le ha sido negado o impedido, ha existido un retraso
innecesario en el juicio, se negó una adecuada asesoría legal, o la legislación
nacional no proporciona el debido proceso para proteger los derechos violados.
Después de que han sido llevadas a cabo todas las acciones
legales en el ámbito nacional, la petición debe ser presentada dentro de los
seis meses siguientes al último fallo. Se conceden extensiones de este plazo
cuando el Estado interfirió con el proceso, caso en el cual la petición debe
ser presentada en un plazo razonable. Si la demanda está siendo presentada por
una tercera parte, debe ser hecha así mismo dentro de un periodo razonable de
tiempo.
No se puede presentar una petición que, en los aspectos
esenciales, duplique una petición previa o en curso. Una petición de esas
características puede ser presentada si la petición previa es general o no
trata los hechos del caso de la nueva petición o no se dirige a las mismas
víctimas para propósitos de acuerdo o fue presentada por una tercera parte sin
el conocimiento de las víctimas que están presentando la nueva petición.
Si en algún momento se hace evidente que una petición es
inadmisible, la Comisión
informa al peticionario y cierra el expediente. De lo contrario, la Comisión examinará el
caso. Abre un expediente, asigna un número al caso y presenta toda la
información pertinente al Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno en
cuestión. Solicita al Ministro que suministre información sobre los hechos y
sobre los recursos legales utilizados en el ámbito nacional, mientras avisa al
demandante que la petición está siendo examinada. Normalmente, la Comisión permitirá al
gobierno 90 días para responder pero puede conceder una extensión de hasta 180
días si el gobierno la solicita y demuestra que es necesaria. Algunas veces la Comisión puede solicitar
que la información sea compartida antes de los 90 días en casos especiales; la
falta de respuesta por parte del gobierno puede indicar su culpabilidad.
La respuesta del gobierno, si hay una, es reenviada a l
demandante quien tiene entonces treinta días para hacer comentarios sobre la
respuesta, así como para enviar material adicional, si así lo desea. El
demandante puede pedir evidencia sobre ciertas afirmaciones del gobierno o puede
solicitar una audiencia para la presentación de testigos. La Comisión decidirá
entonces si realizar o no la audiencia, pues está autorizada pero no obligada a
hacerlo. El demandante puede también solicitar a la Comisión que lleve a cabo
una investigación in situ en el país en cuestión. La Comisión sólo investigará
las acusaciones sobre violaciones generalizadas a los derechos humanos dentro
de un país y considerará entonces los casos individuales como demostrativos de
un problema más amplio. Este método es raramente emprendido para un caso
individual.
Después de tomar su decisión acerca de la petición, la Comisión da a conocer un
juicio sobre qué debe hacerse dando recomendaciones al Estado correspondiente.
Cuando este Estado es parte de la Convención Americana , la Comisión debe intentar
formular un acuerdo amistoso, si es posible. La Comisión , a continuación
de este resultado, prepara un informe para cada una de las partes y para el
Secretario General de la OEA
con el fin de que sea publicado.
Si el acuerdo amistoso no es buscado o no es alcanzado, la Comisión escribe un
informe con los hechos del caso y las conclusiones, recomendaciones y
propuestas de la
Comisión. El Estado interesado y la Comisión tienen entonces
3 meses para decidir si presentar o no el caso a la Corte de Derechos Humanos o
resolver el asunto. A continuación, la Comisión adopta formalmente una opinión y una
conclusión con límites de tiempo para que el gobierno emprenda las medidas
propuestas.
Si el Estado es parte de la Convención Americana y ha aceptado la
jurisdicción opcional de la
Corte , la
Comisión o el Estado pueden remitir la petición a la Corte de Derechos Humanos
para una nueva evaluación que culmine en una sentencia de cumplimiento
obligatorio con posibles implicaciones monetarias.
Los Estados que no son parte de la Convención no están
sujetos a la cláusula de acuerdo amistoso. En una situación como esa, la Comisión seguirá su
investigación y entonces determinará los méritos de la petición, adoptará una
decisión final (usualmente una resolución extensa) con recomendaciones y fechas
límite. El reglamento establece que la decisión puede ser publicada "si el
Estado no adopta las medidas recomendadas por la Comisión dentro de las
fecha límite", aún así la
Comisión en realidad ha publicado con mayor frecuencia que lo
señalado. La Comisión
puede recomendar una compensación para las víctimas pero no tiene el poder para
conceder oficialmente tal compensación. Las decisiones del Comité no son
legalmente de cumplimiento obligatorio.
Además de investigar casos, la Comisión puede por
iniciativa propia investigar y publicar un informe sobre la situación de
derechos humanos en cualquier Estado miembro de la OEA. La Comisión basa sus
estudios independientes en informes que ha recibido de ONG e individuos. La Comisión también presenta
un informe anual a la
Asamblea General de la
OEA con información sobre la resolución de casos
particulares, informes sobre la situación de derechos humanos en diferentes
Estados y discusiones sobre las áreas en las que se necesita mayor acción para
promover y proteger los derechos humanos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El Corte
Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1978 con la
entrada en vigor de la
Convención Americana. Aloja a siete jueces, cada uno de los
cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un periodo de seis años
y sólo pueden ser reelegidos por una vez. La Corte tiene su sede permanente en San José (Costa
Rica).
La competencia de la Corte es limitada pues sólo puede atender casos
en los que: a) el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, b)
el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte (hasta 1992, sólo 13
de 35 naciones habían suscrito esta jurisdicción opcional) c) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
completado su investigación, y d) el caso fue remitido a la Corte ya sea por la Comisión o por el Estado
implicado en el caso, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del
informe de la Comisión.
Un individuo o peticionario no puede independientemente dar
lugar a que un caso sea considerado por la Corte.
Cuando la
Comisión presenta un caso ante la Corte de Derechos Humanos,
notifica al demandante original. En ese momento, el demandante o un apoderado
tienen la oportunidad de solicitar medidas necesarias, incluyendo precauciones
para los testigos y protecciones para la evidencia.
Los procesos son tanto orales como escritos. Inicialmente,
son presentados un Memorial y un Contra memorial. Estos pueden estar
acompañados por una declaración de cómo serán demostrados los hechos y cómo
será presentada la evidencia. Cuando ocurra que estén involucrados temas
legales complejos, los demandantes pueden solicitar un escrito de apoyo, amicus
curiae, de una ONG. Normalmente, las audiencias son abiertas al público pero la Corte puede decidir
cerrarlas.
Las deliberaciones de la Corte siempre son secretas y confidenciales; sus
sentencias y opiniones son publicadas. Si la Corte dictamina que un derecho ha sido violado,
ordenará que la situación sea rectificada. Puede conceder compensaciones para
la víctima por los daños reales, el perjuicio emocional y/o los costos del
litigio, pero no adjudicará sanciones.
Conclusión
La responsabilidad principal de la Comisión de Derechos
Humanos es recibir y supervisar peticiones que han sido hechas contra un Estado
miembro de la OEA ,
reclamando sobre un abuso contra los derechos humanos.
Cualquier individuo, grupo de personas u ONG que esté reconocida
legalmente al menos en un Estado miembro de la OEA puede elevar una petición.
El Corte
Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1978 con la
entrada en vigor de la
Convención Americana. Aloja a siete jueces, cada uno de los
cuales es nominado y elegido por las partes de la Convención Americana para un periodo de seis años
y sólo pueden ser reelegidos por una vez.
La competencia de la
Corte es limitada pues sólo puede atender casos en los que:
a) el Estado involucrado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, b)
el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte (hasta 1992, sólo 13
de 35 naciones habían suscrito esta jurisdicción opcional) c) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
completado su investigación, y d) el caso fue remitido a la Corte ya sea por la Comisión o por el Estado
implicado en el caso, dentro de los tres meses siguientes a la publicación del
informe de la Comisión.
Bibliografia
http://www.omct.org/files/2006/11/3977/handbook2_esp_01_parte1.pdf
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